Otras

CREACIÓN COMISIONES DE ESTUDIO DE REFORMA LOPJ, DEMARCACIÓN Y PLANTA Y LECrim

MINISTERIO DE JUSTICIA

Comisiones de estudio

 

Resolución de 8 de marzo de 2012, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se crea una Comisión Institucional para la elaboración de una propuesta de texto articulado de Ley Orgánica del Poder Judicial y de Ley de Demarcación y de Planta Judicial.

PDF (BOE-A-2012-3569 - 4 págs. - 155 KB)

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Resolución de 8 de marzo de 2012, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se crea una Comisión Institucional para la elaboración de una propuesta de texto articulado de Ley de Enjuiciamiento Criminal.

PDF (BOE-A-2012-3570 - 3 págs. - 151 KB)

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PUBLICACIÓN DE LA REFORMA LABORAL

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes

 

•Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

 

•PDF (BOE-A-2012-2076 - 64 págs. - 1045 KB)

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Corrección de errores Decreto-Ley de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes

Corrección de errores del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

 

PDF (BOE-A-2012-352 - 4 págs. - 153 KB)

 

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Real decreto-ley medidas para la corrección del deficit público

 

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes

Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

PDF (BOE-A-2011-20638 - 75 págs. - 2338 KB)

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NOMBRAMIENTOS DE MINISTROS NUEVO GOBIERNO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre, por el que se nombran Ministros del Gobierno.

 

PDF (BOE-A-2011-19942 - 1 pág. - 130 KB)

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Regulación de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia

Real Decreto 1611/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.

PDF (BOE-A-2011-18912 - 4 págs. - 159 KB)

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APOSTILLA DE LA HAYA, FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES COMPETENTES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Acuerdos internacionales

Real Decreto 1497/2011, de 24 de octubre, por el que se determinan los funcionarios y autoridades competentes para realizar la legalización única o Apostilla prevista por el Convenio XII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, de 5 de octubre de 1961.

PDF (BOE-A-2011-17892 - 6 págs. - 239 KB)

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DIAS INHÁBILES, ÁMBITO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, A EFECTOS DE CÓMPUTO DE PLAZOS

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Días inhábiles

 

Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Secretaría Estado para la Función Pública, por la que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2012, a efectos de cómputo de plazo.

PDF (BOE-A-2011-17398 - 2 págs. - 287 KB)

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LEY DE MEDIDAS DE AGILIZACIÓN PROCESAL

Agilización procesal

MODIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES JUDICIALES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Depósitos y consignaciones judiciales

Publicada la Ley de reconocimiento y Protección Integral a las Victimas del Terrorismo

JEFATURA DEL ESTADO

Víctimas del terrorismo

Modificación de la Ley Orgánica del Poder judicial

 JEFATURA DEL ESTADO

Poder Judicial

Consejo de Ministros: Proyecto de Ley de nuevas tecnología en la Administración de Justicia

 

PROYECTO DE LEY DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 

  • Reconoce el derecho de los ciudadanos a utilizar las tecnologías de la información en sus relaciones con la Administración de Justicia.

  • Su impacto económico será positivo, puesto que agiliza la tramitación de los procedimientos y elimina muchas de las cargas que para la ciudadanía tiene el acceso al sistema de justicia.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley Reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Su objetivo es regular los aspectos básicos del derecho a la utilización de las tecnologías de la información por parte de los ciudadanos y profesionales en sus relaciones con la Administración de Justicia, así como establecer las condiciones necesarias para poder tramitar íntegramente en formato electrónico todos los procedimientos judiciales.

Esta Ley establece marcos estables y vinculantes de colaboración, cooperación y coordinación entre las Administraciones con competencia en materia de Justicia.

El Proyecto, presentado para informe del Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre, ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de los Procuradores. Todas estas instituciones realizaron aportaciones que han permitido mejorar el texto hasta alcanzar un proyecto que satisfaga a todos los actores implicados.

Se prevé un impacto económico positivo de la nueva norma, ya que agiliza la tramitación de los procedimientos y elimina muchas de las cargas que tiene el acceso al sistema de justicia, tanto para la ciudadanía como para los profesionales.

Modernización tecnológica

La nueva Ley es un paso más en el proceso de modernización tecnológica de la Justicia. En el marco del Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia, aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre de 2009, ya se vienen desarrollando numerosos proyectos de contenido tecnológico, que ahora encontrarán acomodo legal gracias a esta regulación.


Por ello, la aplicación de la norma descansa en proyectos y líneas de financiación ya existentes, por lo que el impacto presupuestario de la misma se encuadra en las partidas ya asignadas y relacionadas con los programas de modernización tecnológica del sistema de justicia.

La norma, que supone la plasmación en el Estado Español del Plan de acción e-Justicia de la Unión Europea, facilita la relación de los ciudadanos y los profesionales con la Administración de Justicia adaptándola a las nuevas tecnologías de la comunicación. Con ella se consigue:

  • Una justicia más accesible.

  • Una justicia más transparente.

  • Una justicia más ágil, al tramitarse íntegramente en formato electrónico y acortarse. enormemente los plazos de tramitación.

  • Una justicia más eficiente, al asignar mejor los recursos disponibles.

Se sientan las bases para alcanzar la plena tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, abandonando los obsoletos legajos en formato papel. La transmisión electrónica de datos y la conservación de los mismos en bases de datos electrónicas sustituirán a las notificaciones tradicionales y a los viejos archivos judiciales.

Se crea la sede judicial electrónica como punto de acceso único, a través del cual se realizarán todas las actuaciones que lleven a cabo ciudadanos y profesionales con la Administración de Justicia.

Asimismo, se establece el marco legal necesario para hacer realidad la plena interoperabilidad entre las distintas aplicaciones que se usan en los Juzgados y Tribunales, así como se garantiza la seguridad de la información almacenada en las mismas.

Contenido

Respecto al contenido de la Ley:

  • En primer lugar, se reconocen los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de Justicia. Éstos podrán elegir el uso de las tecnologías de la información en sus relaciones y la Administración deberá, en estos casos, dotarles de los medios oportunos para hacerlo. Los ciudadanos podrán acceder electrónicamente "con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos". En el caso de los profesionales (abogados, procuradores, graduados sociales, etcétera), así como al personal de las Oficinas Judiciales y las Fiscalías, tienen el deber de utilizar estas nuevas tecnologías, lo que permitirá, en el medio plazo, la tramitación íntegramente electrónica del expediente judicial, que redundará en una mayor eficacia y agilidad en los procesos.

  • La Ley regula también el régimen jurídico de la Administración judicial electrónica. Se reglamenta la 'sede judicial electrónica', que es el canal a través del cual se pueden realizar todas las actuaciones tanto por parte de los ciudadanos como los profesionales del ámbito de la Administración de Justicia. Para facilitar este acceso se crea un Punto de Acceso General de la Administración de Justicia, que permite acceder a las distintas sedes y subsedes. También se regula la firma electrónica para autentificar los documentos que integran los diversos expedientes judiciales.

  • Otro aspecto fundamental en la nueva Ley es el establecimiento de normas que hagan posible la íntegra tramitación electrónica de los procesos judiciales gracias al expediente judicial electrónico. Así, la Ley regula detalles relativos al registro de escritos, comunicaciones y notificaciones electrónicas. La tramitación electrónica permite agilizar notablemente los trámites, al evitar la solicitud a los interesados de determinada documentación, cuando ésta sea posible mediante transmisiones de datos o certificaciones; racionaliza la distribución de cargas de trabajo y permite introducir indicadores de gestión. En la nueva norma se regulan igualmente las peculiaridades y características de la tramitación electrónica de los expedientes judiciales, al presentar determinadas características que la diferencian de la tramitación en papel. Finalmente, se recogen las características básicas que deben tener las aplicaciones y sistemas de información utilizados para esta tramitación electrónica, a fin de garantizar en todo caso la seguridad y la accesibilidad.

  • Por último, se abordan las cuestiones relativas a la cooperación y coordinación entre administraciones públicas con competencias en materia de Justicia y se dota de rango legal al Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad, un conjunto de información acerca de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, política de seguridad, conservación y normalización de la información, formatos, etc. En definitiva, constituye un mínimo común denominador de conocimiento que permite que los distintos sistemas informáticos no acaben siendo incompatibles, o se generen disfunciones por el uso de programas o aplicativos distintos. Para la gestión de este Esquema se crea un Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, integrado por representantes del Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas transferidas, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del Estado.

Comunidades Autónomas

Para las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia, que ya están inmersas en un proceso de puesta en línea de servicios electrónicos, la entrada en vigor de la Ley les va a suponer una labor de adaptación y de reasignación de esfuerzos, reorientando, en algunos casos, sus prioridades en el desarrollo y adaptación de sistemas e infraestructuras informáticos.


Aquellas acciones de alto coste o de dificultad tecnológica, como son los puntos de acceso multicanal, la aceptación de la firma electrónica reconocida o la interconexión entre administraciones estarán soportadas por las infraestructuras comunes facilitadas por el Ministerio de Justicia.

Asimismo, todas las aplicaciones desarrolladas o que vayan a ser desarrolladas por el Ministerio de Justicia están disponibles para su utilización por las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia, permitiendo a éstas la adecuación a los requisitos expuestos en la ley sin incremento presupuestario.

Calendario

Se fijan distintos plazos para el establecimiento en las oficinas judiciales y fiscalías, de los medios e instrumentos necesarios para la efectiva implantación de estas tecnologías:

  • Cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley: deberá estar garantizada la plena interoperabilidad entre los sistemas al servicio de la Administración de Justicia.

  • Cinco años desde la entrada en vigor de la Ley: ha de ser posible la íntegra tramitación electrónica de los procedimientos judiciales y el abandono del formato papel.

BOE: publicado el fallo de la sentencia sobre la ILT

 

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencias

 

  • Sentencia de 10 de febrero de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se procede a la fijación de las retribuciones complementarias a las que se refiere el art. 20.1 del texto refundido de las disposiciones legales vigente sobre el Régimen especial de la Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio.


Sentencia completa

MINISTERIO DE JUSTICIA

 

Mutualismo Judicial. Reglamento